En primer lugar hay que definir la capacidad de obrar como la aptitud de que dispone una persona para el ejercicio de derechos y obligaciones, así como para realizar actos con plena validez y eficacia. Es lo que se denomina declaración judicial de incapacidad. No obstante lo anterior, debemos ser sumamente prudentes al tratar este tema, y advertir que, no toda enfermedad o deficiencia es motivo para proceder a la incapacidad de una persona. Así mismo, existe la posibilidad de que cualquier persona ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos y circunstancias que puedan ser determinantes de la incapacitación. La persona cuya incapacidad se solicite, puede comparecer en el proceso con su propio abogado y procurador. Debido a la suma importancia que supone el enfrentarse a la posible declaración de incapaz de una persona, pues no olvidemos que nos encontramos ante un procedimiento en el que se pretende la limitación legal de la voluntad de una persona, la legislación exige, para garantizar la defensa de los intereses del presunto incapaz, una serie de especialidades respecto a la prueba a practicar y la preceptiva audiencia de ciertas personas.
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